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Ley De Medios

By on noviembre 1, 2013
medios

Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios

En un fallo con profundas implicancias políticas, la Corte Suprema declaró ayer la constitucionalidad de toda la ley de medios audiovisuales, una norma sancionada por el Congreso en 2009, que en el caso del Grupo Clarín había sido frenada por una presentación judicial.

Apenas 48 horas después de la peor derrota que haya vivido el kirchnerismo en las urnas, el máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, dictó una de las sentencias de más alto impacto en la historia argentina y le brindó al Gobierno un éxito político y judicial categórico.

Los ministros Lorenzetti, Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni y Elena Highton dijeron que la ley es constitucional en todos sus tramos y que debe ser inmediatamente aplicable. Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda votaron con una disidencia parcial por considerar que la ley no es aplicable en este caso. Y Carlos Fayt dijo que toda la ley es inconstitucional. Estos tres últimos afirmaron que la norma viola el derecho de propiedad del multimedios sobre sus licencias y la libertad de prensa.

Sin embargo, este fallo, que sorprende por la dureza con la que rechaza todos los planteos del Grupo Clarín, no es el punto final del largo conflicto entre el Gobierno y el multimedios.

En efecto, a partir de ahora, como lo reconoce expresamente la propia Corte -que dispuso expresamente que el plazo de adecuación de un año ya está vencido-, la discusión pasará por la forma en la que se llevará a cabo el proceso de desinversión de las licencias de TV, radio y cable del Grupo Clarín. Y esto podría generar una infinidad de nuevos litigios, que podrían tardar más tiempo.

Mientras la empresa estudia distintas alternativas, que incluyen presentar un plan de adecuación y recurrir, también, a los tribunales internacionales, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, dijo que “los plazos ya están vencidos” y que “la Corte ratificó todo lo que planteábamos, por lo que vamos a continuar con todos los mecanismos necesarios para que el Grupo Clarín cumpla la ley”.

Dirigentes de la oposición criticaron el fallo y la diputada Elisa Carrió, que cuestionó que el tribunal haya sido permeable a las presiones que ejerció el Gobierno, anunció que denunciará penalmente a Lorenzetti y que pedirá su juicio político.

Entre los argumentos del fallo dictado ayer se destacan los que marcan que:

-Los medios de comunicación “tienen un rol relevante” en la opinión pública, por lo cual el Estado tiene un interés incuestionable en regularlos.

-El Congreso puede optar por dejar a los medios librados al funcionamiento del mercado o, por el contrario, puede dictar una ley “que establezca las pautas que considera más adecuadas para asegurar el debate público”.

-Para la mayoría del tribunal, el Grupo Clarín no puede invocar que tiene un derecho adquirido a explotar sus licencias de radio, TV y cable hasta el final del período de explotación, y la ley debe aplicarse en forma inmediata. Y si el multimedios se siente perjudicado, lo que debe hacer es reclamar, tan sólo, una indemnización por daños y perjuicios.

-La Corte acepta como válidas todas las restricciones de la ley, entre las que figuran que la empresa, en una misma ciudad, no pueda explotar el servicio de cable y un canal abierto de TV; poseer más de diez licencias en todo el país, y que el cable no pueda llegar a más del 35 por ciento de abonados.

-El interés de la comunidad está por encima del interés privado.

-Para la Corte, lo importante es ver cómo la Afsca intenta aplicar la ley en forma concreta y si el Grupo Clarín se siente perjudicado, deberá litigar nuevamente.

Tres jueces -Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt-, los más moderados y liberales de la Corte, tuvieron argumentos distintos de los de la mayoría.

Argibay y Maqueda, en una disidencia parcial, llegaron a conclusiones absolutamente contrarias a las de sus cuatro colegas y, junto con Carlos Fayt, estuvieron dispuestos a proteger la libertad de expresión y el derecho del Grupo Clarín a la propiedad sobre sus licencias.

“Existe un derecho digno de protección jurídica del Grupo Clarín, que a partir de la expresa conformidad del Estado realizó inversiones económicas y desarrolló un proyecto periodístico con la legítima confianza de que sus licencias se mantendrán hasta su vencimiento”, dijo Maqueda.

“El Estado debe respetar los plazos de duración de las licencias”, porque interrumpirlas significa dar paso a “presiones indebidas en la línea editorial de los medios”, dijo Argibay.

“Estimo que el cese compulsivo de licencias que está en la base del artículo 161 -que la mayoría declararon válido- es una grave restricción a los derechos del Grupo Clarín y al ejercicio de la libertad de expresión que ejerce en el marco de esas licencias”, agregó la jueza, que recordó el clima de confrontación que rodeó la sanción de la ley. Zaffaroni, en cambio, opinó que “es uno de los fallos más trascendentes de esta Corte”, y admitió que el fallo lo podrían haber sacado antes, pero que prefirieron hacerlo después de las elecciones para no interferir políticamente.

artículos, y de cuatro a tres, en otros dos, la ley de medios. Los cuatro artículos de la ley habían sido objetados por el Grupo Clarín y tenían hasta ayer un fallo en contra en primera instancia y otro favorable en la Cámara de Apelaciones.
De esta manera quedó sin efecto la medida cautelar que impedía al Estado aplicar la nueva normativa para con el Grupo Clarín-en lo que hace a esos artículos- y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella anunció que el organismo actuará de oficio. Al igual que Sabbatella, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, celebró el fallo de la Corte.

A través de un comunicado, el Grupo Clarín lamentó “el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión”, aunque aclaró que “respeta las decisiones judiciales”, que se “encuentra a derecho” y que analiza las “futuras derivaciones judiciales del caso”, incluida la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales.

El fallo incluye una serie de recomendaciones para que el Estado implemente “políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial” y sostuvo que se “afecta la libertad de expresión si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas” (pág 7).

Seis de los siete ministros del tribunal coincidieron en afirmar que no hay afectación a la libertad de expresión en dos de los cuatro artículos objetados.

Ellos son el artículo 41 y el artículo 45.

El artículo 41 “sujeta la transferencia de licencias” que exceden el nuevo cupo establecido por ley “a la autorización estatal” y “establece limitaciones a la enajenación”.

El artículo 45 es el que establece la cantidad de medios (licencias de TV por cable y por aire y radio y señales de contenidos) que pueden estar en manos de un mismo propietario a partir de la ley 26.522.

En ambos artículos coincidieron en declarar su constitucionalidad los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, con la disidencia de Carlos Fayt.

En cambio, Argibay y Maqueda no estuvieron de acuerdo en la metodología establecida para la aplicación de la nueva ley, esto es la manera y plazos de desinversión (artículo 161) y los procesos de integración entre los medios audiovisuales (48). Para esos dos magistrados estos dos artículos son inconstitucionales. Por ello votaron “en disidencia parcial”.

Petracchi y Zaffaroni lo hicieron “por su propio voto”. Fayt, ya se dijo, se inclinó por declarar inconstitucionales los cuatro artículos.

medios

Para él hay una afectación a la libertad de expresión.

A la misma conclusión llegaron Argibay y Maqueda respecto de los artículos 161 y 48. Para Maqueda debiera haberse respetado los acuerdos y aplicado la ley una vez que vencieran las licencias otorgadas a medios del Grupo Clarín.

El voto principal que encabeza el fallo de 400 páginas fue el del presidente y la vicepresidente del tribunal, Lorenzetti y Highton, respectivamente. Fuentes judiciales negaron algún tipo de “pacto” con el Gobierno o supuestos encuentros o llamados telefónicos del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

“Trabajamos en esto durante cuatro meses, hasta hoy, incluso con una reunión el viernes pasado”, dijo uno de los jueces. Los magistrados minimizaron las denuncias de la diputada Elisa Carrió.

El argumento central de Lorenzetti y Highton, al que adhirieron en su núcleo los otros jueces, a excepción de Fayt, es que el dictado de la ley es facultad de los legisladores y que ellos no pueden inmiscuirse en eso.

Tras un largo análisis sobre la normativa y jurisprudencia sobre la libertad de expresión -tanto respecto del punto de vista de los medios como del público- y la facultad del Estado de regular en la materia, Lorenzetti y Highton diferenciaron este caso del diario Río Negro sobre publicidad oficial por cuanto en el de Clarín se trata de una ley del Congreso y lo otro era una disposición del Poder Ejecutivo de esa provincia.

“No se encuentra probado en autos que la adecuación del Grupo Clarín al régimen de licencias previsto en la ley ponga en riesgo, desde un punto de vista económico u operativo, la subsistencia del Grupo ni de cada una de las empresas que lo integran”, expresa ese voto conjunto.

Además, calificaron de “apropiadas” las limitaciones para la explotación de las licencias en lo que refiere a sus propietarios. El otro argumento refutado por los jueces es que quede en riesgo la sustentabilidad económica del Grupo Clarín.

El voto de cada uno de los jueces

Todo constitucional: limitaciones de la ley y modo de aplicarlas

El fallo es aprobado por una mayoría formada por cuatro jueces que sostienen que los cuatro artículos que cuestionaba el Grupo Clarín son constitucionales, tal como afirmaba el Gobierno. Dicen que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a acceder a distintas fuentes de información y con la defensa de la competencia. Sostienen que el Grupo Clarín no probó una “afectación actual” a la libertad de expresión. Afirman que no demostró que la “sustentabilidad” económica esté en peligro (diferencian “sustentabilidad” de “rentabilidad”) y dicen que no hace falta ser un grupo grande para tener independencia. Sostienen, además, que la ley debe aplicarse y que si la pérdida de licencias le genera un daño patrimonial al Grupo Clarín, podrá pedir la respectiva indemnización, una vez que haya acreditado que eso sucedió. Dicen que el plazo de desinversión está vencido.

no aplicable I

Argibay dice que la ley tiene limitaciones válidas, pero que el cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión del Grupo Clarín. Declara inconstitucionales los artículos 48 y 161

no aplicable II

Maqueda sostiene que las licencias ya otorgadas a Clarín son un derecho adquirido, que está en juego la libertad de expresión y que ninguna reparación monetaria sería suficiente para remediar la lesión a este derecho.

TODO INCONSTITUCIONAL

Fayt es el único que sostiene que son inconstitucionales los cuatro artículos, tal como reclamaba Clarín. De acuerdo con su voto, el grupo no debe ser obligado a desinvertir, ni ahora ni a futuro.

Ricardo Lorenzetti // presidente

Fue designado por Néstor Kirchner en 2004 y transita su tercer período como presidente del tribunal, cargo que ocupa desde 2007. Una característica central de su gestión fue la búsqueda de equilibrios para mostrar una Corte sin grietas. Tiene diálogo con Cristina Kirchner, pero su relación tuvo fuertes altibajos. Este año Lorenzetti denunció que la AFIP lo perseguía. En el oficialismo le desconfían y le recriminan tener aspiraciones políticas. En abril, consiguió que la Presidenta frenara un proyecto para sacarle a la Corte la administración del presupuesto judicial (por la Constitución, le corresponde al Consejo de la Magistratura) y Elisa Carrió lo acusó de haber hecho un “pacto” con el Gobierno. Según ella, su pago fue el fallo de ayer. Lorenzetti implementó una apertura de la Corte en materia de comunicación y promovió los encuentros nacionales de jueces.

Raúl Zaffaroni // juez

Es el juez de la Corte más cercano al Gobierno y el único al que el kirchnerismo jamás cuestionó. En general trata de evitar votar en disidencia en los casos de alta sensibilidad política, pero este año fue el único que defendió la validez de la última reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. Profesor de derecho penal de gran reconocimiento a nivel internacional, divide su tiempo entre el trabajo en la Corte y congresos en el exterior. Es amigo declarado del vicepresidente Amado Boudou y quedó en medio de un escándalo cuando trascendió que en varios departamentos de su propiedad, que tenía alquilados, se ejercía la prostitución. Su voto fue el único que el kirchnerismo creía tener asegurado desde los inicios del caso Clarín. Ya anunció que no planea quedarse mucho tiempo más en la Corte.

Elena Highton // jueza

Experta en derecho civil, fue propuesta por el kirchnerismo el 17 de febrero de 2004 para cubrir la vacante dejada por Eduardo Moliné O’Connor, que había sido destituido. Siempre tuvo buena llegada al oficialismo, pero el año pasado la relación se había resentido. Ella sorprendió cuando firmó, en diciembre pasado, un duro documento contra las presiones a los jueces junto con Argibay (ambas son coordinadoras de la Comisión de Protección de Independencia Judicial). Por invitación de la Presidenta, Highton integró con Lorenzetti el grupo redactor del nuevo proyecto de Código Civil y Comercial, que aún no fue aprobado. Tiene una larga carrera judicial, que empezó como defensora pública de menores; después, fue pionera en la instauración de la mediación obligatoria para los conflictos judiciales. Cuando la nombraron en la Corte, era camarista civil.

Enrique Petracchi // juez

De perfil bajo, está en la Corte Suprema desde 1983. Al igual que a Fayt, lo nombró Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia. Durante la última década, se caracterizó siempre por tener diálogo con kirchneristas y con opositores. En los últimos tiempos se acercó al Gobierno. En cuanto al caso de la ley de medios, fuentes del tribunal cuentan que su voto fue el último que se sumó para lograr la mayoría que declaró constitucional y aplicable la ley.

También superó los 75 años (tiene 78), pero no anunció su retiro. Fue presidente de la Corte entre 2004 y 2006, y en 2002 sorteó con éxito un juicio político, durante el proceso que celebró en 2002 el Congreso Nacional contra todos los entonces integrantes del tribunal. El 11 de octubre de ese año la acusación en su contra fue desestimada en la Cámara de Diputados por 158 votos contra 72.

Carmen Argibay // jueza

Es una firme defensora de la independencia judicial y evita cualquier diálogo extraoficial con el Gobierno. Su designación fue propuesta por Néstor Kirchner el 30 de diciembre de 2003, cuando ella trabajaba en La Haya, en el tribunal internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia. Nunca antes se había propuesto a una mujer para el máximo tribunal. “Para ser un buen juez, nuestro primer deber es ser desagradecidos con quien nos nombró”, dijo.

Argibay tiene 73 años y más de 50 de carrera judicial, siempre dedicada al derecho penal. Estuvo nueve meses presa en Devoto durante la última dictadura, pero en el emblemático caso Riveros votó en contra de la nulidad de los indultos, a diferencia de sus pares. Fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces (AMJA), es, desde la Corte, una férrea defensora de los derechos de las mujeres en la Justicia.

Juan Carlos Maqueda // juez

Es peronista y es el único ministro de la Corte Suprema que cuando lo designaron venía de ocupar altos cargos en la política. Había sido diputado y senador nacional por Córdoba, había presidido el Senado y había sido además convencional constituyente. En 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde lo nominó para el máximo tribunal en reemplazo de Gustavo Bossert, que había renunciado. La Corte atravesaba entonces uno de los peores momentos de su historia reciente. Como consecuencia de sus orígenes en la política conservó siempre lazos aceitados con numerosos referentes del Partido Justicialista. En lo que respecta al kirchnerismo, no construyó nunca una relación con la Presidenta ni con Néstor Kirchner. Maqueda no se cuenta entre los jueces que simpatizan con este gobierno.

Carlos Fayt // juez

Es el decano de la Corte. Tiene 95 años y es miembro del tribunal desde 1983, cuando lo nombró Raúl Alfonsín, con quien había firmado varios hábeas corpus en favor de detenidos de la última dictadura. Presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Es profesor emérito de la UBA y escribió más de 30 libros sobre derecho y pensamiento político. Si bien fue admirador de líderes socialistas como Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, siempre le interesó el PJ como fenómeno. La naturaleza del peronismo es el título de uno de sus últimos libros. En la Corte, sostuvo siempre posiciones liberales. La Presidenta lo criticó por no haberse jubilado a los 75 años. Ése es el límite de edad que impone la Constitución, pero Fayt presentó un amparo donde argumentó que él había llegado al tribunal antes de la reforma que fijó el tope. Este año dijo no tener planes de retirarse.

Fuente: La Nación. Por Adrián Ventura

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